“La homofobia es fascista”, dice Félix Grande en el trailer que Emilio Ruiz Barrachina ha publicado de su documental Lorca, el mar deja de moverse, que se estrenará en España el 29 de septiembre y que por estos lares sólo veremos si Mandrake nos echa una mano. El documental está basado en investigaciones de Ian Gibson, Miquel Caballero y Pilar Góngora, y tal como ya anunciáramos en esta nota de Letralia apunta a que en la ejecución del autor de La casa de Bernarda Alba —obra que estaría tangencialmente vinculada al crimen— participaron familiares suyos. Juan Luis Trescastro, que estaba casado con una prima de los Lorca, habría sido el asesino, o al menos así parece pues el tipo iba tan campante diciendo: “Le he puesto dos balas en el culo por maricón”.

Ruiz Barrachina, quien además de cineasta es escritor, ha apostado por Internet para la difusión del documental. Ya tenía hace rato una página personal y desde principios de este mes tiene un blog oficial, que no es mantenido por él en persona pero sí publica información actual sobre el desarrollo del proyecto.

En fin. Pareciera que todo el mundo está interesado en que, pase el tiempo que pase, este crimen se esclarezca. Todo el mundo, salvo la familia Lorca.

Jimmy Wales se reunió con usuarios de su Wikipedia en Hong Kong y dijo que no está dispuesto a aceptar las condiciones que el gobierno chino exige para desbloquear el sitio. El sistema de edición de Wikipedia no encaja con el sistema de censura de China: si cualquier usuario puede escribir lo que guste, Wikipedia es un inmenso blog en el que podrían colarse informaciones, digamos, inconvenientes.

Ah, pero Wikipedia no sólo aloja información sobre temas controversiales. La versión china tiene 85.000 artículos, 2,7 millones de páginas y 15.000 imágenes. La mayor parte de ese material tiene relación con arte, historia o tecnología, y es natural que sea así si el gobierno impone sanciones a quien discuta asuntos difíciles. Toda barrera impuesta al acceso a la información surte ese efecto perverso: se “resguarda” el frente informativo, pero se asesina el derecho al conocimiento.

Hace poco me preguntaba una amiga mexicana cómo hacer para “desinscribirse” de la fe católica, pues quiere que su nombre desaparezca de los anales de la Iglesia, lo que es llamado apostasía. Lo cierto es que existen procedimientos para hacer esto, aunque por lo general son bastante engorrosos y no siempre la solicitud recibe respuesta por parte de la muy romana institución. Quizás todos estos obstáculos justifiquen la alegría de las chicas de la foto.

En España hay todo un movimiento al respecto. Uno de los casos interesantes es el de Ángel Rubio, un psicólogo y músico de cincuenta años de edad que quiere que sus datos sean eliminados de los archivos eclesiásticos, y que atribuye a la “crueldad de la educación católica” los terrores nocturnos que sufría de niño. Rubio ha solicitado en vano varias veces su apostasía, ha recurrido a la ley —ha demandado al Arzobispado de Madrid por 60.000 euros— y ni así lo ha logrado:

Ángel, con el apoyo jurídico del Cogam y de Izquierda Republicana, presentó una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos, por no tutelar sus derechos. “El arzobispado alegó que, según el Concordato de 1979, los archivos de la Iglesia son inviolables”, relata Gerardo Vizmanos, el abogado. “¿Cómo va a estar un Concordato por encima de mis derechos constitucionales y de una ley orgánica que protege mis datos?”, se pregunta Ángel.

Así que mi amiga lo tendrá difícil, sospecho. En todo caso, conviene preguntarse si tiene sentido proceder con una apostasía. Si al aspirante a apóstata le preocupa lo que haga la Iglesia Católica con sus datos, nunca tendría manera de corroborar que los mismos fueron eliminados (a menos, claro, que vaya al Vaticano en plan Hudson Hawk). Y si le ha dado por convertirse en ateo, la no creencia en Dios anularía el tomarse en serio cualquier relación anterior con el catolicismo. ¿No?

A Iván Fresneda se le ocurrió escribir en su blog acerca de lo que no le gustaba del Instituto José Saramago, donde estudiaba, y fue expulsado. No sólo eso: el director y un profesor de filosofía lo llevaron a juicio el 22 de junio. No se quedaron en llevarlo a la oficina del director y regañarlo, lo llevaron a un juicio real. Las críticas de Fresneda se enfocaban en el abandono de las instalaciones físicas del instituto, el exceso de burocracia y la negligencia en la distribución de los periódicos destinados a los estudiantes.

Expuse brevemente que esta no era la mejor forma de que eliminase el blog, que simplemente querían que lo eliminasen porque sacaba los trapos sucios. A la pregunta sobre porque negué mi autoría en un principio respondí que por MIEDO, miedo a lo que justamente me han hecho: Expedientar y expulsar.

Existe una gran brecha entre nuestra idea de cómo debe ser el mundo y lo que éste es en realidad. En un mundo ideal, el ser humano tiene el derecho, y de alguna manera el deber, de mejorar su comunidad, su centro de estudios, su trabajo y, en fin, su entorno; en el mundo real esto es válido siempre que no deje en entredicho a la autoridad.

En un relato que parece sacado de las alforjas de Fernando Báez, el argentino Marcelo Massarino cuenta cómo la dictadura de Videla quemaba libros como parte de un plan concreto para “purificar” el alma nacional.

En julio de 1976 fue designado director ejecutivo de Eudeba el político socialista Luis Pan, quien le entregó al Comando del 1^r Cuerpo de Ejército parte del fondo editorial con los libros censurados. El 27 de febrero el teniente primero Xifra dirigió el operativo que terminó con la quema de casi noventa mil volúmenes en el predio de Palermo. Rogelio García Lupo vio cuando los soldados cargaban los camiones con los ejemplares de su gestión. “Pan fue quien llamó al Ejército y puso en sus manos toda esa ‘literatura pecaminosa’. Él temía que alguien dijera ‘¡pero este Pan también es socialista..!’. Con esa operación compró protección, fue como una prueba de amor”.

Si les parece que quemar noventa mil libros es una enormidad, pueden leer este artículo de Mauricio Bachetti donde cuentan cómo, el 30 de agosto de 1980, la misma dictadura quemó millón y medio, episodio que reseña con menos profundidad el trabajo de Massarino.

Con la llegada de la democracia, muchos de aquellos libros censurados fueron desenterrados. Estoy siendo literal: para protegerlos, los atribulados lectores de entonces los enterraban en sus patios, donde esperarían mejores tiempos para la lectura.

El 14 de julio de 1977, quince o veinte mendigos de San Miguel de Tucumán, en Argentina, fueron subidos a un camión y abandonados a su suerte en el desierto de Catamarca. La inminente visita del presidente Videla hacía imperativo limpiar la ciudad y así lo dispuso el gobernador militar de la provincia, Antonio Domingo Bussi.

Uno de los seis o siete que sobrevivieron contó que Pachequito enloqueció de sed y murió al internarse en el Salar de Pipanaco, veinte kilómetros al sur de donde lo habían abandonado, confundiendo la blancura candente de la sal con las aguas del paraíso terrestre. Otros aparecieron un día cerca de Los Varela, en una ruta de camiones, tan desarrapados y agonizantes que, cuando los llevaron a un hospital, nadie pensó que tuvieran aliento para contar lo que les había pasado.

El 10 de enero de 2004 Tomás Eloy Martínez publicó en La Nación su artículo “La expulsión de los mendigos”, en el que cuenta la historia basándose en el reporte de un historiador. Cuatro meses después, en mayo, el ahora anciano A. D. Bussi demandó a Martínez por daños y perjuicios, ya que el escritor calificaba al ex gobernador de “pequeño tirano” y “feroz exterminador de disidentes”, entre otras cosas.

El juez Daniel Alioto no sólo le dio la razón al autor de Santa Evita, sino que además estableció que el artículo no lesiona la reputación de Bussi —quien, por supuesto, tendrá que pagar las costas del juicio—, ya bastante maltrecha de antemano por los antecedentes del milico y por “los registros de algunas circunstancias de su actuación pública en la época que se verificó la exclusión de los mendigos”. A veces, a veces ganan los buenos.

En Gales existe un proyecto de ley que impediría la presentación, en obras teatrales, de escenas cuyos personajes mantengan contacto físico íntimo. Esto es, nada de besos y amapuches sobre las tablas.

La medida es una reacción a los casos de abuso sexual en que se han visto involucrados diversos docentes en ese país. Al parecer, se ha hecho común que los profesores que dirigen grupos teatrales en los centros educativos sean acusados de abuso sexual cuando las obras incluyen escenas demasiado calientes.

Tras la disparatada directiva teatral se esconde una tragedia real. En el 2001, un profesor de arte dramático, John Owen, fue acusado de haber abusado de sus alumnos. Un día antes de comparecer ante el tribunal, el enseñante se suicidó.

Owen estaba montando, en la escuela Ysgol Gyfun Rhydfelen, de la localidad galesa de Pontypridd, la obra Equus. La conocida pieza de Peter Shaffer contiene escenas de violencia y sexo, de las que según la denuncia, Owen se sirvió para seducir a los jóvenes actores.

¿Una consecuencia directa? De aprobarse el texto legal, cada vez que Romeo quiera besar a Julieta tendrá que hacerlo en la mejilla. Nada emocionante, ¿verdad?